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Definición de Estado de Excepción

Hay momentos de tensión o de conflicto que requieren de la adopción de medidas drásticas para solucionarlos, incluso de saltarse la ley para lograrlo. Para ello, los gobiernos disponen de una serie de instrumentos legales -gran paradoja-, que les permiten adaptarse a circunstancias extremas. Uno de ellos es el estado de excepción.

El estado de excepción en materia de derecho político consiste en suprimir determinadas libertades y garantías de la ciudadanía para controlar una situación de riesgo extremo.

Aunque en teoría debe ser empleado solamente en un caso extremo para salvaguardar a la propia población de alguna amenaza (de tipo natural, un ataque, una plaga), a la práctica ha sido utilizado como excusa para oprimir a dicha misma población bajo un régimen dictatorial.

Durante el estado de excepción se pueden suprimir la libertad de movimientos, de reunión y de expresión de los ciudadanos entre otros, e incluso realizar prohibiciones que contravengan los derechos adquiridos políticamente.

Por ejemplo, para controlar una epidemia, un gobierno puede dictaminar el estado de excepción y suprimir completamente la libertad de movimientos durante días para prevenir contagios masivos, así como la libertad de expresión para evitar falsos rumores y el envenenamiento de la moral de la población.

Una vez más: el estado de excepción es una arma de doble filo que puede ser utilizada para superar una solución adversa, o bien para encumbrar a una dictadura. Generalmente, lo primero que hace un dictador al derrocar el anterior gobierno, es decretar el estado de excepción para impedir que sus enemigos políticos tomen el poder.

Por ello, en muchas ocasiones, el estado de excepción y la manga ancha que este permite a las autoridades al poder suprimir derechos básicos, es empleado para señalar a un colectivo como enemigo.

En el caso de las dictaduras, dichos colectivos son demócratas y opositores políticos y sociales, o minorías a las que se culpabiliza de una determinada situación o de determinadas acciones.

El precedente más antiguo del estado de excepción que podemos encontrar es la dictadura romana.

Para entender esta institución, su nombre debe despojarse de la connotación peyorativa que tiene en nuestros días.

La dictadura romana estaba sancionada por ley, y consistía en que en situaciones críticas, se otorgaba todo el poder a un solo magistrado (el dictador) durante un periodo corto de tiempo (generalmente seis meses), durante el cual su mandato no tenía restricciones en cuanto a lo que podía hacer y, a posteriori, en teoría no podía pedírsele que rindiera cuentas legalmente de ninguna decisión tomada o acción emprendida.

Entre los dictadores que tuvo Roma antes de que Sila pervirtiera la institución, destaca Cincinnatus, que lo fue por dos veces, y ambas renunció a estar en el poder más de lo estrictamente necesario una vez resuelto el problema (solamente unos días), convirtiéndose para sus compatriotas en un ejemplo de toda clase de virtudes, como la honorabilidad, frugalidad y honestidad.

También tenemos a Quinto Fabio Máximo, quien desempeñó la dictadura durante la II Guerra Púnica, cuando las fuerzas de Aníbal amenazaban la ciudad eterna. Desde luego, una situación que actualmente justificaría de pleno el estado de excepción.

La articulación legal de lo que actualmente conocemos como estado de excepción nos la ha legado la República de Weimar.

Esta entidad política, que sustituyó al Imperio Alemán y perduró en el periodo de entreguerras hasta el advenimiento del régimen nazi, articuló un mecanismo legal para limitar las libertades y que el ejército y las fuerzas del orden pudieran tomar el poder, espoleado por una mayoría social conservadora y que tenía terror a una revolución como la que había sucedido en Rusia en 1917.

En alemán se denominó Ausnahmezustand.

Fotos Fotolia: Fiore26 / M-SUR

 
 
 
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