Definición de Ley Marcial

En algunas circunstancias extraordinarias el ordenamiento legal convencional no es suficiente para mantener el orden social. En previsión de que una situación de emergencia pueda suceder, la mayoría de constituciones nacionales recogen la posibilidad de que se declare la ley marcial. En esta declaración se otorgan facultades extraordinarias a la policía y a las fuerzas armadas para que puedan administrar justicia y mantener el orden público.

Como criterio general, los casos en los que es posible aplicar la ley marcial son las situaciones de conflicto bélico o rebelión social. Esta posibilidad contemplada en el ordenamiento jurídico está pensada para afrontar situaciones de extrema violencia en las que la justicia ordinaria no resultaría útil para sofocar el conflicto generado.

Algunas de sus implicaciones

Como criterio general, cuando se impone la ley marcial se produce una limitación o suspensión temporal de algunos de los derechos que el ordenamiento jurídico garantiza a las personas. En algunos casos, se contempla que la promulgación de la ley marcial permita juicios sumarísimos e incluso se puede autorizar excepcionalmente la pena de muerte.

Una de las consecuencias de dicha ley es que el poder judicial deja de estar en manos de los jueces para pasar al estamento militar, pues quien decide qué hay que hacer en estos casos es un tribunal militar.

En síntesis, se podría afirmar que la ley marcial supone imponer un sistema militar en la vida civil.

Otras situaciones en las que se pueden adoptar medidas excepcionales

Desde un punto de vista jurídico se contemplan una serie de situaciones atípicas, también conocidas como regímenes de excepción. La ley marcial es la medida de excepción más drástica, ya que se entiende que equivale a una situación de guerra. Otras circunstancias igualmente inusuales pero menos graves son el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. En todos ellos el gobierno de una nación tiene la legitimidad para suspender temporalmente algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El estado de alarma se puede declarar en todo el territorio nacional o en una parte del mismo cuando haya una alteración grave de la vida en sociedad, como una catástrofe natural, una epidemia o una huelga de los servicios públicos.

El estado de excepción se puede declarar igualmente cuando se produzca una alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el funcionamiento normal del orden público. Un ejemplo de esta declaración sería en aquel caso en el que los representantes de la soberanía popular se vieran amenazados.

El estado de sitio se puede declarar cuando hay una insurrección popular o un acto de fuerza contra el orden constitucional.

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