Definición de Derecho Penal

El derecho penal es una rama del derecho que tiene como fin la regulación legal de las acciones punibles, es decir, de los delitos. Quien se ocupa de esta esfera del derecho tiene que conocer la criminalidad, así como las normas jurídicas relacionadas.

Mientras la criminología trata sobre los agentes que generan las conductas delictivas, el derecho penal aborda las normas que penalizan el delito.

Derecho penal romano

El precedente histórico de este ámbito legislativo es el derecho penal romano, que introdujo una serie de preceptos fundamentales: el suplicium o ejecución del culpable, el damnum o la penalización del delito, las garantías jurídicas para el procesado y la distinción clásica entre delito doloso y culposo, entre otros muchos principios normativos.

Los distintos códigos penales clasifican los delitos en función del bien jurídico que se incumple (por ejemplo, la bigamia como acción punible va en contra de la familia o el homicidio atenta contra el derecho a la vida).

Figura del delincuente y la violación de las normas

El derecho penal se centra en las acciones delictivas, en la figura del delincuente y en la penalización del incumplimiento de la ley. En cualquier caso, el delito es el concepto fundamental y por él se entiende la acción ilícita que se encuentra descrita objetivamente en una ley y que va acompañada de una sanción correspondiente.

La institución que está legitimada para aplicar las sanciones en el derecho penal es el estado, quien debe actuar con la intención de proteger a los individuos y a la colectividad para que exista una armonía social y no impere la injusticia. En las normas establecidas en los distintos códigos se establecen de manera explícita qué conductas están prohibidas y la correspondiente sanción en el caso de incumplimiento.

Principio de legalidad y conflicto de intereses

A partir de la idea de que la ley es la fuente fundamental de esta rama del derecho, para que se pueda considerar el derecho penal como algo justo y legitimado, es preciso que se respete el principio de legalidad. Este principio se basa en tres preceptos: no existe un delito sin una ley escrita (lex scripta), una ley debe ser estrictamente aplicable a un delito (lex stricta) y el delito es inexistente sin una ley previa (lex previa).

Por último, hay que tener en cuenta que en cualquier proceso penal se presenta un conflicto de intereses: el interés del estado de perseguir el delito y penalizarlo y, paralelamente, el interés individual de la persona imputada en que se respeten sus garantías legales y, especialmente, la presunción de inocencia.